La industria minera ecuatoriana sigue de cerca la reciente decisión del presidente Daniel Novoya de reabrir y renovar el catastral minero del país dentro de los seis meses.
La orden ejecutiva firmada la semana pasada requiere registros de todos los derechos mineros, permisos, exploración y permisos de minería, así como otras autorizaciones relacionadas (ya sea otorgadas, revocadas o canceladas) que se incluirán en el registro oficial del país.
La iniciativa NovoA para inscribirse en la combinación de minería de oro ilegal es un problema que los países andinos han enfrentado durante mucho tiempo. También se espera que la iniciativa simplifique el proceso actual, ya que los ministerios y las comisiones deben completar su trabajo dentro de la nueva fecha límite de seis meses. El proyecto de ley también brinda a los departamentos, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Minería, el poder de identificar actividades ilegales de recursos mineros en todo el país. El proyecto de ley también le da a estos departamentos el poder de movilizar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuando sea necesario.
Esta Ley define cualquier actividad realizada por una persona natural o jurídica en el país o en el extranjero sin propiedad, autorización, permiso o licencia como actividad ilegal. Ecuador actualizó por última vez su tierra catastral minera en 2018.