La industria minera ecuatoriana está siguiendo de cerca la decisión del presidente Daniel Novoa de reiniciar y actualizar el sistema de derechos mineros del país en los próximos seis meses.
La orden ejecutiva firmada la semana pasada requiere que todos los registros de derechos mineros, licencias, permisos de exploración y explotación, aprobaciones y otras autorizaciones relacionadas (ya sea otorgadas, revocadas o canceladas) se incluyan en el registro oficial del país.
El objetivo del gobierno ecuatoriano es combatir la minería de oro ilegal, que es un problema de larga data para Ecuador. Se espera que esto acelere el proceso actual, ya que el tiempo es de solo 6 meses para los ministerios.
La Orden Ejecutiva también autoriza a algunas agencias, especialmente al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Energía y Minería, a rastrear actividades mineras ilegales dentro del país, y también les da el poder de buscar apoyo policial y militar si es necesario.
La Ley estipula que la minería ilegal se refiere a cualquier actividad minera realizada por una persona o persona legal natural, ya sea nativo o extranjero, sin propiedad, autorización, licencia o licencia. La última actualización de Ecuador de su sistema de derechos mineros fue en 2018.